El rico, el malo y el trabajador.
Desprotección frente a los accidentes laborales en Chile.
Cada día muere un trabajador en
Chile a causa de un accidente laboral. Acuden a postas, hospitales
y no a las mutuales, porque éstas pertenecen a sus propios
empleadores, que cuidan más sus costos que la seguridad de su
personal. Es la otra cara de la precarización del empleo en que lo
precario es la propia vida.
Fernando Rodrigo González Camus recibió un golpe de corriente de 14.540 voltios el 8 de septiembre de 2003. Manipulaba un transformador aparentemente desenergizado en su trabajo. El sumario determinó que el accidente se produjo por las deficientes medidas de seguridad de la empresa, la cual se empeñó en echarle tierra al caso. Hasta que González acudió a los tribunales.
El texto de la demanda señala que González fue expulsado por el golpe eléctrico “desde 2,9 metros de altura, cayendo de cabeza sobre una superficie de concreto”. Sorprendentemente no murió, pero las secuelas fueron gravísimas e irrecuperables: pérdida de masa encefálica, amputación de su antebrazo izquierdo y quemaduras en distintas partes de su cuerpo.
González no pudo volver más al trabajo. Tampoco puede hoy valerse por sí mismo ni realizar una vida normal junto a su esposa.
El trabajador se desempeñaba en el laboratorio de pruebas de la empresa de transformadores Rhona S.A., una de las principales contratistas de Codelco. El sumario determinó que González no contaba con guantes aislantes ni casco, así como el laboratorio –que estaba emplazado a tres metros de altura sobre el taller principal –no tenía barreras de seguridad apropiadas y las balizas que debían avisar cuando los transformadores estaban energizados no funcionaban.
González fue trasladado a la mutual IST. Después de casi un año, según la demanda, el trabajador desconocía “el tratamiento médico adecuado para solucionar la multiplicidad de su tratamiento físico”. Y debía correr personalmente con los gastos.
No era la primera vez que un accidente como éste ocurría en Rhona, ubicada en Viña del Mar. Apenas unos meses antes la Corte Suprema había fallado a favor de otro trabajador de la empresa, Elías Pizarro, que después de cinco años recibió una indemnización de 50 millones de pesos. Los casos eran casi idénticos: un trabajador desvalido, una empresa que se preocupa más de la mala publicidad que de la seguridad de sus empleados y un negocio turbio con las mutuales.
Cifras negras
En 1998, a Elías Pizarro le pidieron armar un transformador de poder sin tener experiencia en esas labores. Pizarro no era manipulador de transformadores sino soldador. Por eso se negó, pero lo obligaron con amenaza de despido. La mala manipulación y la fatiga de material provocaron que un tecle–una especie de gancho de acero para levantar grandes pesos en fábricas –se rompiera. Le cayó una tonelada encima del pie, el cual tuvieron que amputar.
Los accidentes laborales en Chile están a la orden del día. Más de 300 mil al año, además de 8 mil enfermedades profesionales. Y según datos de la Dirección del Trabajo, casi la mitad de ellos son fatales. Todos los días muere un trabajador en nuestro país, y el rubro más inseguro es el de la industria, seguido por la construcción.
Según el juez Manuel Muñoz Astudillo, autor de “Prevención de riesgos, una nueva cultura”, los accidentes del trabajo implican más de cuatro millones de días laborales perdidos por año, con un costo de entre el 8% y el 10% del PIB.
La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), que fiscaliza el cumplimiento de las normas que protegen a los trabajadores, señala que las lesiones más frecuentes son las caídas, golpes, electrocuciones y atrapamientos en máquinas o materiales de trabajo, que afectan principalmente el extremo superior del cuerpo. Sólo la región lumbar concentra el 19% de los casos.
Además están las enfermedades profesionales. Las más frecuentes son “los trastornos osteomusculares, psiquiátricos y dermatológicos. Algunos diagnósticos específicos importantes son la sordera por ruido, la laringitis, entre otros”, indica un informe de la Suseso.
¿Quién asume el costo?
Después del accidente, Elías Pizarro también fue atendido en el IST. “El dueño de Rhona es el fundador del IST. Como la mutual no quería pagar los costos del tratamiento, Pizarro interpuso una demanda y lo empezaron a hostigar”, dice el abogado José Tomás Peralta, quien defendió a ambos trabajadores en los juicios contra Rhona. “No lo echaban porque tenía licencia y fuero sindical. Tampoco le quisieron entregar su ficha médica y debió costear su propio traumatólogo”.
En el juicio, el doctor del IST que trató al trabajador declaró a favor de la empresa, es decir, contra su propio paciente. “La empresa, entonces, presionó a Elías para que volviese a trabajar. Así podría decir que el problema no fue para tanto”, relata el abogado.
No es el único problema de la ley. “Se supone que los jueces de letras conocen los casos de accidente, pero si el trabajador muere, el caso lo lleva un juez civil y aquí es cuando el proceso puede demorar 5 ó 15 años. En la práctica lo que ocurre es una denegación de justicia”, asevera el abogado.
Eso no es todo. Cuando corresponde pagar las indemnizaciones laborales, éstas se pagan con el reajuste del 100% del IPC, más el máximo interés convencional (esto es el interés corriente, más un 50% adicional). Pero cuando se trata de indemnizaciones por accidentes laborales se aplica sólo un reajuste del IPC.
La ley tampoco es clara sobre desde cuándo se paga la indemnización. ¿Desde que el juez dicta el fallo? ¿Desde que ocurre el accidente? ¿Desde antes?
Pero el principal problema no es, con mucho, la legislación laboral, sino las malas prácticas de muchos empresarios. “Al día siguiente del accidente de Elías Pizarro, la empresa retiró todos los tecles y comenzó a realizar alrededor de 60 cursos sobre prevención de accidentes. Esto demostraba que la empresa puso todos sus recursos para evitar pagar una indemnización y ningún recurso para prevenir un accidente”, dice Peralta.
El juicio de Pizarro llegó hasta la Corte Suprema y la empresa debió pagar la indemnización. Cuando Fernando González fue electrocutado, interpuso también una demanda. Rhona no quiso enfrentar una nueva disputa legal y pagó rápidamente 74 millones de pesos.
Negocio redondo
¿Está protegido en Chile el trabajador frente a los accidentes laborales? Categóricamente no.
En primer lugar, el 90% de los trabajadores no conoce sus derechos, y las mutuales no informan al hospitalizado. La mutual también puede pagar la atención privada, el traslado, pensiones, etc. Todo esto es por ley, pero el trabajador no es informado. Ocurre el famoso “por si pasa”.
Tampoco hay fiscalización. La mayor instancia que tienen los trabajadores para participar de su propia seguridad son los comités paritarios, en los cuales también está representado el empleador, por lo que muchos critican su efectividad. Uno de los críticos es Víctor Silva, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Construcción.
“A los comités paritarios les pagan un bono, por si hay pocos accidentes (o ninguno). Así esconden evidencias para la investigación, además muchas veces los comités son designados por el propio dueño. Son como palos blancos”, acusa Silva.
La creciente fragmentación de las empresas grandes y la enorme externalización de los empleadores son otra causa de indefensión para los trabajadores. En este contexto es imposible tener coordinados comités de seguridad, solicitar indemnizaciones justas, etc.
Y esto es importante, porque un trabajador accidentado es casi un muerto. Si está cojo, tuerto o manco, nadie lo va a contratar. Es la muerte laboral.
El principal problema, sin embargo, son las propias mutuales. “Hay una complicidad entre mutuales y empresarios, porque las primeras pertenecen a los mismos empresarios”, dice el abogado José Peralta. Cada vez que un trabajador se accidenta, se eleva la prima que el empleador debe pagar a la mutual, la cual se calcula por la tasa de siniestralidad.
Esta tasa se obtiene de la relación entre el número de trabajadores y los días laborales perdidos, y puede aumentar hasta en un 6,8% por trabajador. Entonces, el empleador no lleva a sus empleados a la mutual, sino que a un policlínico, la posta o la enfermería de la empresa –si la tiene –porque de lo contrario, su prima aumentaría enormemente.
“Además, las mutuales están rebajando lo que consideran enfermedades profesionales. Y mientras la mutual atienda menos casos, bajan los costos. O sea, negocio redondo para todos”, señala el abogado.
Un informe de 2004 elaborado por la Suseso y que abarcó un período de seis meses, estableció que sólo uno de diez accidentes laborales se consideró realmente como tal, apenas tres de diez motivaron un informe y en la mitad de los accidentes no se estableció nunca la causa y, por tanto, no hubo corrección.
El problema es que las mutuales son las únicas que informan sobre accidentes en el trabajo en Chile. Hernán Larraín –no el senador, sino el jefe de estudios de la Dirección del Trabajo– dice que “tenemos información sólo de un 25% de la población laboral, porque sólo ese porcentaje de empresas está asociada a las mutuales”. Eso significa que las cifras actuales, de ser completas, podrían fácilmente cuadruplicarse.
“Los dos grandes problemas son la cobertura. Primero, mucha gente está fuera del seguro. Segundo, existe un ocultamiento de los accidentes por parte de los empresarios para que no les suba la prima adicional”, agrega Larraín.
Lo grave es que las mayores denuncias se obtienen de la prensa. “Los trabajadores apenas denuncian el 6% de los accidentes. Por eso ahora los servicios también están actuando de oficio, que representa casi el 30% del total de fiscalizaciones”, dice Larraín. La prensa es la fuente de casi el 40% de las denuncias. LND